Los hechos que han motivado esta solicitud por parte de la fiscalía se remontan a 2008 y 2009. Por aquel entonces, una gran crisis energética golpeó a Venezuela llevando a restricciones y racionamiento. Como una de las soluciones a la crisis, el Gobierno de Caracas impulsó la construcción de la central termoeléctrica de El Sitio, en Santa Lucía. La adjudicación de esta obra, valorada en unos 1.500 millones de dólares, recayó sobre Duro Felguera, una empresa nacida en 1858.
En concreto, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como una UTE llamada Termocentro, que firmó “una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil”.
Los fiscales del caso explican que a cambio de la adjudicación, Duro Felguera “se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación”. Según el documento, Ángel Antonio del Valle Suárez (ex consejero delegado) y Juan Carlos Torres Inclán (ex presidente) fueron los directivos que decidieron acometer dichos pagos en nombre de Duro Felguera. La empresa dedicó presuntamente hasta 105 millones de dólares en estos fines. El juez instructor, en el auto de procesamiento, sostuvo que fue ese “trato de favor” obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro.
Los fiscales solicitan además una pena de 8 años y 9 meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros para el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, quien, según ellos, era el responsable de distribuir los fondos de Duro Felguera entre los funcionarios corruptos. En algunos de los casos, los integrantes de la trama usaron el dinero para comprar inmuebles en zonas de lujo de Madrid, viviendas en Majadahonda y Lugo, así como fincas en Valdemorillo.
En 90 páginas, y tras hacer un pormenorizado análisis de los hechos y de la red de transferencias de dinero tejida entre diferentes sociedades, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa acotan su acusación en 11 personas físicas y una jurídica (Duro Felguera) y destacan que a lo largo de la investigación, otro de los exviceministros venezolanos procesado, Javier Ochoa Alvarado, “ha tenido un comportamiento de activa y eficaz colaboración con la Administración de Justicia” dado que “no solo reconoce los hechos, sino que ha aportado datos que han permitido esclarecer hechos investigados y personas responsables de los mismos”, por lo que señalan que se le deben aplicar atenuantes.
De hecho, para Ochoa Alvarado interesan la pena de 3 meses de cárcel y una multa de 1,6 millones de euros, mientras que para los expresidentes del grupo español las penas que interesan -Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres- ascienden a 10 años y 4 meses. Anticorrupción pide además, tanto para la empresa como para estos dos exdirectivos, que el tribunal sentenciador les inhabilite para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 2 años.
En el escrito, los fiscales solicitan también una pena de 2 años y multa de 1,5 millones para María Consuelo Pardí -exmujer de Ochoa Alvarado-, y 2 años y 9 meses para la esposa de Villalobos, Milagros Coromoto Torres.
En cuanto a los delitos que achaca Anticorrupción a los investigados, el escrito enumera hasta una docena de ellos que giran sobre las figuras del delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, el delito continuado de falsedad de documento mercantil y el blanqueo de capitales.
Duro Felguera niega que existan indicios
Fuentes de la empresa señalaron a Europa Press en enero, cuando se confirmó el procesamiento de la compañía, que nada de lo practicado en la instrucción indica que el grupo haya actuado de manera inadecuada o contraria a las normas legales imperantes. “No existe elemento, constancia, evidencia o indicio alguno de que Duro Felguera sea responsable de hecho delictivo alguno”, indicaron.
Por el contrario, apuntaban, las actuaciones del grupo “encuentran fundamento en compromisos contractuales perfectamente legales y de conformidad con la regulación legal y corporativa que fuera de aplicación”. “Todo ello ha sido ratificado por informes periciales de expertos independientes”, añadían.
La crisis de esta compañía surge en el año 2013 por la falta de liquidez, lo que provocó el cierre de algunas plantas y el despido de trabajadores. En 2020, el brazo inversor del Estado español, la SEPI, inyectó 120 millones de euros para salvarla.
Tras años de serias dificultades en las que la existencia de Duro Felguera estuvo en el aire, en febrero de 2023 dos socios industriales mexicanos, Mota Engil y Prodi, se comprometieron a inyectar 90 millones de euros para salvarla, algo que cumplieron y que en diciembre del año pasado ya habían culminado. Los dos socios se hicieron con aproximadamente el 55% de Duro Felguera, lo que les permitió mover ficha en la cúpula. Con un nuevo presidente, Jaime Isita, y un nuevo consejo copado por Mota y Prodi, la compañía se comprometió a remontar el vuelo.
No obstante, el proceso no ha estado exento de problemas ni de polémica. Los accionistas minoritarios han criticado tanto la intervención de la SEPI como la gestión de la empresa y se negaron a apoyar las cuentas de 2023, un año en el que la compañía se dejó 21,8 millones de euros frente a las pérdidas de 2,2 millones que esperaba. Duro Felguera cuenta con un total de 1.300 trabajadores, según explica en su página web.
La multa que pide la fiscalía anticorrupción no es el único posible coste multimillonario que pende sobre la empresa. En el informe financiero del segundo semestre de 2023, Duro Felguera reveló dos investigaciones abiertas por la Agencia Tributaria por la supuesta declaración incorrecta del impuesto sobre sociedades en el extranjero que desembocaron en dos acuerdos de liquidación por un importe de 153 millones de euros. La compañía recurrió ambos ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que desestimó las demandas y le dio la razón a Hacienda, y ahora está pendiente de que los recursos contenciosos-administrativos que ha presentado ante la Audiencia Nacional. Las acciones de Duro Felguera acumulan un retroceso cercano al 14% en Bolsa en lo que va de año y este lunes caen alrededor de un 1%.
Fuente: www.cincodias.elpais.com