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La CNMC sanciona con 54 millones a un cártel de empresas de servicios a la industria

18 empresas se repartieron 746 licitaciones durante 16 años; las mayores multas (17,5 milones) recaen en dos filiales de ACS.

La multa de mayor cuantía la ha recibido Masa Industrial, empresa del grupo ACS, que deberá pagar más de 14 millones de euros; y Maessa, también del grupo ACS, deberá abonar otros 3,49 millones. Navec ha sido multada con 9,3 millones e Imasa, con 9,2. Meisa han sido sancionada con 4,85 millones y Tamoin, con 3,44. Además, están multadas otras dos cotizadas: Duro Felguera recibe una multa de 1,3 millones y Sacyr Nervión (participada al 50% por la constructora), con 1,16. La firma TMS también han recibido una sanción por encima del millón de euros (1,11 millones).

También figuran en la lista de sancionadas Millecasa (937.000 euros), Atrian (914.000), HGL (874.000), Enewsa (860.000), Bolea (650.000), La Puertollanense (561.000), Premonor (471.000), Faysol (267.000), Acsa (110.000) y Barbadun (38.577 euros). No obstante, dos de las empresas se beneficiarán de las exenciones previstas por la CNMC para las empresas que colaboren con la investigación.

El supervisor, así, ha eximido de la multa  a Navec, que ejerció de chivato y destapó el acuerdo ilegal. La propia CNMC admite que la operativa del cártel funcionó "hasta que uno de los participantes denunció el cártel a través del Programa de Clemencia. Además, ha aplicado un descuento del 50% a la sanción sobre Enwesa, que colaboró con las autodidades una vez arrancaron las inspecciones.

En paraleo, la sala de la CNMC ha eximido a la cotizada Dominion de la participación en el cártel de Abantia, firma comprada por Dominion después de haber estado en concurso de acreedores, tras el que el juez  del concurso "delimitó las condiciones, extensión y alcance de la transmisión".  Los directivos sancionados proceden de Imasa, TMS, Millecasa, Navec, Masa, Meisa y Tamoin.

 

Veto a la contratación pública

Además, la CNMC ha puesto en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente de Hacienda, el expediente sancionador para que las empresas participantes en el cártel queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público. Asimismo, la Comisión vigilará a las compañías para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita.

Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. La CNMC ha acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. La mayor parte de las licitaciones correspondieron a CLH, Cepsa y Repsol, con algunas realizadas por Iberdrola, Endesa o Dow Chemical, según el expediente de la CNMC.

En este sentido, según la CNMC, diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban "para empresas locales", coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.

El 'modus operandi' de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

En una etapa posterior, explica la CNMC, las empresas se intercambiaban versiones de archivos 'Excel', que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un sí o con un no, si las empresas participaban en una licitación concreta.

 

Fuente: El Pais