Política de cookies

Este sitio usa cookies para almacenar información necesaria.
Leer nuestra política
¿Aceptas nuestra política?

Asprometal

Imagen.

Demoler baterías de cok costará 15,5 millones y las obras comenzarán en enero

El plan que el pasado mes de enero presentó Sepides para convertir las baterías de cok en el nuevo PEPA2 va concretándose. Ayer el presidente de la sociedad estatal, Antonio Cervera, avanzó ya fechas concretas y planes para la demolición de las antiguas instalaciones siderúrgicas. El próximo mes de julio se licitará el proyecto para el desmantelamiento, presupuestado en 15,5 millones de euros y las primeras obras, que como adelantó este periódico se iniciarían por los elementos que ahora requieren más presupuesto para su mantenimiento inactivo, ya podrían comenzarse en enero del próximo año.

La licitación, para la que la sociedad estatal ya cuenta con el visto bueno de la abogacía del estado y solo espera la autorización del Consejo de Ministros, incluye algunas peculiaridades que desveló Cervera ayer en las reuniones que mantuvo en Avilés con la alcaldesa y los máximos representantes del Puerto, la Cámara, ArcelorMittal y Deganta Aguas. Aunque el presupuesto es de 15,5 millones, el desembolso que hará Sepides no será tal, sino que parte será pagado en metálico (8,4 millones) y el resto lo ingresará la empresa que ejecute la obra con la venta de los residuos que salgan de la demolición que sean recuperables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICIDAD
 

El contrato que se licitará el próximo mes no incluye solo la demolición, también contempla que sea la misma empresa la que elabore el proyecto para acometer estas obras. «No queremos encontrarnos con un proyecto que luego la empresa que tenga que acometerlo nos diga que no es viable», explicó el presidente de Sepides sobre esta decisión. Y también indicó que en el pliego que regirá la contratación se ha incluido un plazo amplio «para que las empresas puedan estudiar bien la obra», concretamente se dará tres meses para presentar sus ofertas. De forma que Cervera estima que a finales de año se haya firmado el contrato y que en enero ya se ejecuten las obras de las instalaciones más costosas, «sería una separata para ejecutar en el primer mes, luego la empresa podría seguir redactando el proyecto para el resto», dijo. De hecho, Sepides ya tiene en contratación un estudio de las instalaciones que serviría de base para estos trabajos.

Patrimonio

Antes de la contratación de la demolición se concretará si finalmente se 'indulta' a alguna de las edificaciones industriales. «A requerimiento de Cultura hemos contratado un informe del que tenemos avances, pero el definitivo esperamos tenerlo a primeros de julio», apuntó el presidente de Sepides. Y aseguró que cuando la sociedad estatal inició el desarrollo del proyecto no encontró documento patrimonial alguno en el que se recogieran edificaciones de este complejo siderúrgico como elementos a conservar. Aún así dijo que el estudio que se tendrá en los próximos días determinará si hay elementos de interés y después se concretará si es posible su conservación.

En este sentido, volvió a recordar, como ya lo hizo el pasado mes de enero, que Sepides es una sociedad estatal y que no puede tener pérdidas, de ahí que insistiera en la importancia del coste de la conservación como elemento clave para adoptar la decisión final.

En todo caso, lo que sí quiso despejar Antonio Cervera fue cualquier duda sobre el interés de Sepides en este proyecto y sobre posibles demoras provocadas por la declaración del estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus. Fue una de las primeras cosas que dijo ayer: «el calendario previsto se mantiene y no han demora alguna por el virus del Covid».

El calendario presentado el pasado mes de enero contempla un plazo para la demolición que llevaría la obra hasta el segundo trimestre de 2022. Si las obras comenzasen en enero, como ha planteado Cervera, estarían finalizadas en dieciséis meses.

Confesó que la única cuestión que le preocupaba y que podría suponer retrasos en ese calendario sería la modificación del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para definir el uso que van a tener esos suelos. Sin embargo, la reunión mantenida ayer en el Ayuntamiento le tranquilizó en cierta medida ya que dijo que «esta tramitación está mejor de lo que yo esperaba». No obstante, no concretó ni él ni la alcaldesa, Mariví Monteserín, plazos para tener este documento. Solo esta última dijo que «en el desarrollo de este proyecto tenemos que hacer un ejercicio de mucha precisión para que en 2023 estos terrenos estén al servicio de la economía» y añadió que se está «avanzando» en la modificación del PGOU y que también estaría pendiente del informe de patrimonio.

Este documento, que tiene que llevarse a aprobación del Pleno del Ayuntamiento y del Principado, define el uso que tendrá cada una de las parcelas y, por tanto, también es clave para llevar a cabo la descontaminación del suelo. Como ya explicó Sepides y el Ayuntamiento en varias ocasiones, el nivel de descontaminación no sería igual para la instalación en los suelos de empresas tecnológicas, que si las que se ubicasen en ellos fuesen grandes industrias como las que existen en la comarca.

El presidente de Sepides volverá a la ciudad el próximo mes de julio y en ese momento ya estarán más avanzados los documentos que ahora están ultimándose, especialmente el referente a los posibles elementos del complejo de baterías que puedan quedar en pie.

Fuente: www.elcomercio.es