El Principado, en 'shock' tras demandar Santa Bárbara al Gobierno y poner en jaque los planes de Indra.

Conmoción en la industria española de defensa, un sector con multimillonarios planes de inversión en Asturias. El Tribunal Supremo admitió este viernes a trámite un recurso presentado por la empresa armamentística Santa Bárbara Sistemas –perteneciente a la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS) y con una fábrica en Trubia–, que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos gubernamentales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), presididas respectivamente por los hermanos Ángel y Javier Escribano. El objetivo de los créditos es prefinanciar los dos principales programas de vehículos militares para modernizar el Ejército de Tierra español, dentro de la estrategia de rearme europeo en la que participa el Gobierno nacional. Ambos programas, los más cuantiosos de entre todos los planteados para la renovación de las fuerzas armadas, prevén llevarse a cabo en la nueva fábrica de Indra en El Tallerón, en Gijón.

En concreto, Santa Bárbara reclama suspender la concesión de dos créditos estatales a la UTE de Indra y Escribano para los programas de los obuses autopropulsados de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones). La aprobación de esos créditos fue el paso previo a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adjudicara el pasado 23 de diciembre sendos programas a la UTE, que suponen la producción de un total de 536 vehículos por un valor de 7.240 millones de euros. Los de los obuses son dos de los cinco contratos de blindados que Indra ya ha recibido en solitario o en alianza con otros socios: los otros tres son el del vehículo anfibio de la Marina, el lanzapuentes y el nuevo carro de combate europeo.

La fabricación de esos vehículos, según la estrategia diseñada por el Gobierno de Sánchez e Indra (participada en un 28% por el Estado), y con fuerte apoyo del Principado, convertirían a la planta del Tallerón en el referente español de la fabricación de sistemas terrestres de defensa.

Esa estrategia es la que ha llevado a Santa Bárbara a impugnar ante el Supremo el real decreto gubernamental, del pasado 14 de octubre, por el que se preasignaron los multimillonarios créditos para modernizar la defensa española. De los 14.224 millones aprobados por el Gobierno, más de la mitad (un total de 7.944) se han destinado a Indra.

Lo sucedido es la eclosión del intenso enfrentamiento entre Indra y Santa Bárbara que viene librándose desde hace un año, después de que la segunda rechazara la oferta de compra de la primera. Indra ha sido seleccionada por el Gobierno de Sánchez como la empresa que debe aglutinar las distintas fortalezas de la industria militar española (en sistemas terrestres, satélites, ciberdefensa...) para conseguir los sustanciosos contratos que la Unión Europea prevé licitar. Moncloa considera que un sector tan sensible y estratégico como la defensa no debe depender de empresas de capital extranjero como Santa Bárbara, a la que culpan de no haber invertido lo suficiente en sus instalaciones españolas. Por su parte, Santa Bárbara y otras compañías del sector creen que el impulso público de Indra vulnera las normas de competencia y que para reforzarla se están promoviendo operaciones controvertidas como la fusión entre Indra y EM&E.

Si bien la paralización de los créditos a Indra aún debe dirimirse, la decisión del Supremo causó este viernes un auténtico "shock" en el Principado. "Es un golpe muy duro, no hay precedentes de una empresa demandando al Gobierno por un real decreto", señalaron fuentes del Ejecutivo asturiano, que advirtieron de que lo sucedido "desde luego que pone en peligro las inversiones del sector de la defensa en Asturias". "Y no sólo las de Indra, sino también las de Santa Bárbara en Trubia, porque ellos también podrían verse beneficiados de los programas de obuses si ambas empresas se sientan a hablar", afirmaron.

Fuente: www.lne.es